¿Quién puede realizar una detención?

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La detención es una de las medidas más graves que puede adoptar el Estado frente a un individuo, ya que implica la privación de libertad.

Desde el punto de vista del Derecho Penal, tanto para los ciudadanos como para los abogados penalistas, es importante entender quiénes pueden realizar una detención, en qué circunstancias se considera dentro de la legalidad, qué derechos tiene el detenido, entre otros.

Existen situaciones en las cuales la persona que detiene puede hacerlo conforme a la Ley, aunque en algunas de esas situaciones demostrar la legalidad de la detención puede que no resulte tan fácil.

Ante cualquier situación de detención, contar con el asesoramiento de un buen abogado penalista es esencial para garantizar que el proceso se desarrolle de forma justa y conforme a derecho.

Para más información no dude contactar con nuestro Despacho de Abogados Penalista en Bilbao.

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En el ordenamiento jurídico español, la detención puede ser practicada por varias figuras, dependiendo del contexto:

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Policías nacionales, autonómicos y locales pueden realizar detenciones cuando haya indicios fundados de que una persona ha cometido un delito.
• Cualquier ciudadano particular: Siempre y cuando sorprenda a otro en el momento de cometer delito. Esta posibilidad, conocida como detención ciudadana, exige la entrega inmediata del detenido a la autoridad competente. No hacerlo podría convertir la detención en ilegal, incurriendo incluso en un posible delito de detención ilegal.
• La autoridad judicial: Jueces y tribunales pueden ordenar detenciones, tanto en fase de instrucción como en ejecución de condena.

Qué tipo de detenciones se consideran legales

La legalidad de una detención en España viene determinada por el cumplimiento estricto de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Constitución Española.

La Constitución Española en su artículo 17 establece que nadie puede ser privado de su libertad si no es conforme a lo dispuesto en la Ley. Además, cualquier persona detenida debe ser informada de forma inmediata y comprensible de los motivos de su detención y de sus derechos, entre ellos el de guardar silencio y el de contar con un abogado.

Para que una detención sea conforme a la Ley, deben cumplirse los siguientes requisitos:

• Existencia de indicios racionales de criminalidad.
• Cumplir con el principio de proporcionalidad: No puede utilizarse como medida preventiva arbitraria ni como medio para coaccionar al sospechoso o conseguir pruebas.
• Respeto a los derechos del detenido, tanto en el momento de la detención como durante su custodia.

El detenido debe ser puesto a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas. Superado ese plazo, la detención se consideraría ilegal, salvo que se trate de casos de terrorismo o delincuencia organizada, donde el plazo puede ampliarse, siempre bajo control judicial.

La ley prevé ciertos casos en los que la detención es obligatoria para los agentes de la autoridad, como:

• Detención de una persona sorprendida en el mismo momento que está cometiendo el delito.
• El juez o tribunal dicta una orden judicial de detención por incumplimiento de una citación judicial.
• Existen riesgos ciertos de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva.

También existen casos en los que la detención no es obligatoria, aunque sea posible:

• Los hechos no revisten gravedad suficiente.
• Existen alternativas cautelares que pueden asegurar la comparecencia del investigado (citación o vigilancia policial), sin necesidad de privarlo de libertad.
• El presunto delito tiene una pena baja y no existe riesgo procesal.

En estas situaciones, los agentes pueden optar por citar al investigado para que comparezca voluntariamente ante la autoridad judicial, evitando así la detención formal.

Derechos de las personas detenidas

El Estado de Derecho garantiza un conjunto de derechos fundamentales a toda persona que es detenida. Estos derechos deben ser comunicados al detenido en un lenguaje claro y comprensible, e incluso en un idioma que entienda.

Entre los derechos que en ninguna circunstancia deben ser vulnerados, destacan:

• Derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable.
• Derecho a ser informado de los hechos que se le imputan y motivo de su detención.
• Derecho a designar un abogado de confianza forma inmediata y a entrevistarse con él antes de declarar.
• Derecho a que se informe a un familiar o persona de confianza sobre la detención y lugar de custodia.
• Derecho a ser asistido por un intérprete si no comprende el idioma.
• Derecho a ser examinado por un médico si la persona lo solicita o si hay indicios de problemas de salud o maltrato.

La vulneración de cualquiera de estos derechos puede dar lugar no solo a la nulidad de la detención, sino también a responsabilidades penales o disciplinarias para quienes la practiquen indebidamente.

En el caso de menores o personas con discapacidad, estas garantías se refuerzan con medidas adicionales de protección y asistencia.

En el proceso de detención y actos posteriores, además de los cuerpos policiales, intervienen otros profesionales, clave para garantizar un proceso justo y conforme a los derechos fundamentales: abogado, médico forense o facultativo designado, juez de instrucción, Ministerio Fiscal, traductores e intérpretes, trabajadores sociales y psicólogos.

Cualidades de un buen abogado penalista

Los abogados especialistas en temas penales no solamente deben de contar con un profundo conocimiento de Derecho Penal y Procesal, sino también deben poseer cualidades personales y profesionales que garanticen una defensa efectiva y humana:

• Capacidad de reacción y disponibilidad para actuar con eficacia desde el primer momento.
• Habilidad comunicativa tanto con el cliente como con los fiscales.
• Ética profesional, defendiendo los intereses del detenido con lealtad.
• Empatía y fortaleza emocional.
• Experiencia procesal.
• Confidencialidad con el cliente, protegida por el secreto profesional.

La detención es una medida excepcional que debe aplicarse con el máximo respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Contar con el asesoramiento de un buen abogado penalista es decisivo para garantizar que el proceso se desarrolle de forma justa y conforme a derecho. Su actuación desde los primeros instantes puede evitar vulneraciones, asegurar pruebas favorables y proteger la integridad del proceso.

Contacte con nuestro Despacho de Abogado Penalista en Bilbao, comprometido y conocedor del sistema judicial vasco, a través de nuestro formulario de contacto o bien por teléfono.

Sin duda alguna es una garantía para cualquier persona que se vea envuelta en una situación tan delicada como una detención.