Los delitos de lesiones están regulados en los artículos 147 y siguientes del Código Penal español. No se trata de un único supuesto, sino de una tipificación compleja que distingue entre lesiones leves, graves y muy graves, así como circunstancias que pueden agravar la responsabilidad del autor. Este marco legal busca proteger la integridad física y psíquica de las personas frente a agresiones de diversa naturaleza.
El artículo 147 establece que: “el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado con pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente tratamiento médico o quirúrgico”.
Se excluyen de este tipo penal aquellas lesiones que solo necesitan una primera asistencia médica, sin tratamiento posterior, ya que estas se consideran lesiones leves.
El Código Penal recoge circunstancias que incrementan la gravedad del delito:
El artículo 149 establece penas de prisión de seis a doce años para quien cause la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, de un sentido, la impotencia, esterilidad, grave deformidad o grave enfermedad somática o psíquica. El artículo 150 regula lesiones menos graves, con penas de tres a seis años de prisión.
Algunos supuestos habituales que generan procesos penales son:
No todas las lesiones son intencionales. El Código Penal también recoge las lesiones por imprudencia, por ejemplo, en accidentes de tráfico donde no existió intención, pero sí negligencia. Estas conductas pueden derivar en penas menores o incluso en sanciones económicas, aunque la gravedad dependerá del resultado y del grado de imprudencia.
Una condena por delito de lesiones conlleva penas de prisión o multa, pero también genera antecedentes penales, lo que puede afectar a la vida laboral, la obtención de permisos o la reincidencia en futuros procesos. Además, puede imponerse el pago de indemnizaciones a la víctima.
Los delitos de lesiones tienen una regulación compleja y pueden derivar en penas graves. Por ello, se recomienda acudir a un abogado penalista que estudie el caso concreto, evalúe la estrategia de defensa y valore atenuantes como la reparación del daño o la ausencia de intención.
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