¿Alguna vez se ha preguntado qué es el Tribunal Constitucional y para qué sirve exactamente? Se trata de un órgano que oímos a menudo en medios de comunicación, como la televisión o la prensa, pero del cual no siempre se conocen sus funciones o cometido. Por eso, le invitamos a leer esta información.
El tribunal constitucional es el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución en España. Dicho de forma sencilla: su función principal es comprobar que leyes, normas y actuaciones públicas respetan lo que dice la Constitución, y corregir (o anular) aquello que la contradiga.
Cuando se pregunta qué es un tribunal constitucional, conviene aclarar una idea clave: aunque se llame “tribunal”, no es un tribunal al uso en el sentido de los juzgados y tribunales que conocemos (Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales, Tribunal Supremo, etc.). El Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial. Esto significa que no está para resolver un conflicto “entre particulares” ni para decidir si alguien es culpable o inocente de un delito. Para eso están los tribunales ordinarios.
Entonces, ¿cuándo se acude a él? Se acude cuando el problema que se plantea es de “nivel constitucional”: vulneraciones de derechos fundamentales, conflictos entre instituciones o dudas sobre si una ley es constitucional o no. Por eso, en muchas ocasiones se habla del tribunal constitucional de España como “el guardián” de la Constitución.
El Tribunal Constitucional es un órgano creado expresamente para salvaguardar lo dispuesto en la Constitución Española (de ahí su nombre). Pero debemos tener presente que no es un Tribunal al uso, ya que no pertenece al Poder Judicial. En palabras sencillas: este órgano no resuelve conflictos entre particulares, por lo que no se debe acudir a él para que resuelva la culpabilidad o inocencia de una persona, por ejemplo. Se acude a él cuando consideramos que se ha vulnerado la Constitución Española.
Aunque cada procedimiento tiene sus requisitos, las funciones más conocidas del tribunal constitucional suelen agruparse en cuatro grandes bloques:
Este enfoque ayuda a entender por qué muchas noticias hablan del Tribunal Constitucional como un órgano “polémico” o “determinante”: no resuelve el día a día de los tribunales ordinarios, pero sí puede influir en cuestiones de gran impacto social y jurídico.
Una de las dudas más habituales es la composicion tribunal constitucional. La regla general es muy clara: el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros (magistrados). Su mandato es de nueve años y la renovación se hace por terceras partes, es decir, se renueva un tercio (cuatro magistrados) cada tres años. Esto busca continuidad institucional y evita cambios bruscos en un único momento.
Cuando se habla de miembros del tribunal constitucional, conviene recordar que no se trata de jueces ordinarios, sino de juristas de reconocida competencia. La ley exige una trayectoria profesional sólida: magistrados, fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos o abogados, con un mínimo de quince años de ejercicio o actividad profesional.
Otra búsqueda muy habitual es quien nombra a los miembros del tribunal constitucional. El sistema está diseñado para repartir las propuestas entre instituciones distintas:
Formalmente, los 12 son nombrados por el Rey, pero las propuestas proceden de esos órganos. Este reparto busca equilibrar sensibilidades y evitar que una única institución controle por completo la composición. En la práctica, explica también por qué, en ocasiones, la renovación se ve afectada por acuerdos políticos: para alcanzar las mayorías exigidas se necesitan pactos.
Más allá de cuántos son y quién los propone, es importante entender qué requisitos deben reunir los miembros del tribunal constitucional. No vale “cualquiera” con un título en Derecho. La exigencia legal apunta a juristas con experiencia y prestigio acreditado, capaces de resolver cuestiones complejas de interpretación constitucional. Por eso, es habitual que se nombren perfiles como:
Además, el Tribunal elige internamente a su Presidencia, que posteriormente se formaliza conforme al procedimiento previsto, y el cargo tiene un periodo determinado. Este dato, aunque parezca secundario, influye en la organización interna, reparto de asuntos y dirección de los debates.
Entender lo que no hace el Tribunal Constitucional evita errores frecuentes. Por ejemplo:
El Tribunal Constitucional entra cuando hay un problema constitucional: vulneración de derechos fundamentales o contradicción de una norma con la Constitución. Por eso, en muchos casos, si alguien intenta acudir “directamente” sin encajar el caso en un cauce constitucional, el asunto puede inadmitirse.
La forma que tenemos de poner de manifiesto una vulneración de la Constitución Española es mediante el llamado recurso de amparo, tal como indica el artículo 53.2 de la Constitución: "Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. (...)". En todo caso debemos tener presente que para presentar este recurso contra decisiones gubernativas o administrativas y contra decisiones judiciales es necesario haber agotado antes la vía judicial previa.Recomendamos que, si nos estamos planteando esta opción, nos informemos primero con un abogado penalista para que estudie el caso y nos oriente de forma personalizada. En nuestro Despacho de Bilbao también le ofrecemos asesoramiento para cualquier otra cuestión relacionada con el Derecho Penal, por lo que no dude en pedir una cita con nosotros si lo desea.
El recurso de amparo es, probablemente, la vía más conocida para el ciudadano. Pero es importante entender que no es un recurso “para todo”. Está pensado para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales (los que la Constitución protege con un nivel reforzado), y por eso exige normalmente que antes se hayan utilizado los recursos disponibles en los tribunales ordinarios.
Esto tiene una explicación lógica: el Tribunal Constitucional no está para sustituir el trabajo del Poder Judicial, sino para intervenir solo cuando el problema llega al nivel constitucional. Por eso se insiste tanto en el agotamiento de la vía judicial previa: si existe un recurso ordinario o extraordinario que podía presentarse y no se presentó, el amparo puede considerarse prematuro o inadmisible.
En la práctica, si usted se plantea esta opción, conviene analizar muy bien: qué derecho fundamental se considera vulnerado, en qué resolución concreta, qué recursos se interpusieron y qué plazos están corriendo. En asuntos penales, un mal cálculo de plazos o un error estratégico puede cerrar la puerta al amparo.
Aunque el amparo sea el más conocido, no es el único. Sin entrar en tecnicismos innecesarios, es habitual que el tribunal constitucional de España conozca de:
Estos procedimientos explican por qué, a veces, el Tribunal Constitucional interviene en debates muy públicos: puede declarar inconstitucional una norma o aclarar cómo se reparten las competencias en un Estado autonómico.
Comprender qué es el Tribunal Constitucional ayuda a evitar dos errores muy comunes:
En definitiva, el Tribunal Constitucional existe para que la Constitución sea efectiva, no un texto simbólico. Y por eso, aunque no pertenezca al Poder Judicial, influye en el sistema entero: marca criterios, fija límites y protege derechos en el nivel más alto.
Si usted cree que se ha vulnerado un derecho fundamental y se plantea acudir al Tribunal Constitucional, lo más recomendable es informarse bien antes de dar el paso. Estos procedimientos suelen ser exigentes en requisitos, plazos y argumentación. Por eso, tal como indicábamos, conviene consultar con un profesional (por ejemplo, un abogado penalista si el asunto es penal) para valorar la viabilidad del caso y la estrategia adecuada.