
El uso diario del móvil, WhatsApp e Instagram forma parte de la vida personal, familiar y laboral de casi todo el mundo. Sin embargo, muchos desconocen que ciertos comportamientos aparentemente “inocentes” pueden acabar en un delito cometido con el móvil: amenazas por chat, difusión de fotos íntimas, insultos en grupos de WhatsApp, suplantación de identidad o envío masivo de vídeos sin permiso.
En este artículo se explican, de forma práctica y comprensible, los principales delitos por WhatsApp y redes sociales, qué conductas pueden investigarse penalmente, qué se tiene en cuenta como prueba (pantallazos, mensajes, audios, copias de seguridad) y en qué momentos conviene acudir a un abogado penalista Bilbao. Si ha recibido una denuncia o teme que puedan denunciarle por lo que ocurre en el móvil, es importante conocer sus derechos y los pasos a seguir.
El móvil y las redes son solo un medio. Lo relevante es el tipo de conducta: amenazas, coacciones, delitos contra el honor, contra la intimidad, acoso, revelación de secretos, etc. A continuación se detallan algunas de las situaciones más habituales en las que un conflicto digital puede convertirse en un procedimiento penal.
Las amenazas consisten, de forma simplificada, en anunciar a otra persona un mal (grave o no) que se le causará a ella o a sus allegados. Cuando esas amenazas se realizan mediante mensajes de WhatsApp, audios, notas de voz o llamadas grabadas, pueden investigarse como delito si el contenido es suficientemente serio.
Las coacciones se producen cuando alguien, a través de presiones o intimidación, limita la libertad de otra persona: obligarla a hacer algo que no quiere (por ejemplo, retirar una denuncia) o impedirle hacer algo que tiene derecho a hacer (por ejemplo, hablar con determinada persona o acudir a un sitio). Los mensajes y audios del móvil también pueden servir como indicios de este tipo de conductas.
Las injurias se relacionan con insultos, expresiones ofensivas, descalificaciones graves que afectan a la dignidad de una persona, mientras que las calumnias consisten, en esencia, en atribuir falsamente a alguien la comisión de un delito sabiendo que no es cierto o actuando con desprecio a la verdad.
No todo comentario desagradable es un delito, pero cuando se superan ciertos límites, la persona afectada puede iniciar acciones penales y civiles. Es frecuente que estos conflictos nazcan en grupos de WhatsApp de trabajo, grupos de padres de colegio o redes sociales y terminen ante un juzgado.
Uno de los escenarios que más preocupación genera es la difusión de fotos íntimas, vídeos privados o contenido sexual sin autorización, a veces conocidos como casos de “revenge porn” o difusión no consentida de imágenes. Aquí pueden entrar en juego delitos contra la intimidad o, en ciertos casos, otros tipos penales si existen menores de edad o contexto de violencia.
La diferencia entre “enseñar en mano” una foto a alguien puntual y reenviarla masivamente por grupos, listas de difusión o redes puede ser determinante. Además, cuando hay menores implicados, el escenario se complica y las consecuencias pueden ser especialmente graves.
La suplantación de identidad en redes sociales o aplicaciones de mensajería es otra fuente frecuente de conflictos. Puede darse cuando alguien crea un perfil con el nombre, foto y datos de otra persona, o cuando utiliza su número de teléfono y contactos con finalidades perjudiciales.
En función de la conducta concreta, pueden valorarse delitos de usurpación de estado civil, descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos u otros. Cada caso requiere un análisis detallado del modo en que se obtuvo la información, la finalidad perseguida y los perjuicios causados.
Las grabaciones de conversaciones, audios, capturas de chats y correos electrónicos se han convertido en elementos habituales dentro de los procedimientos penales. La clave suele estar en quién participa en la conversación y cómo se ha obtenido el material.
Es recomendable guardar siempre el dispositivo original, copias de seguridad y el contexto completo de los chats, para que no parezca que se han manipulado o recortado mensajes de forma interesada.
Muchos conflictos surgen en grupos de WhatsApp: grupos de amigos, de trabajo, de padres, de barrio, comunidades de vecinos, etc. Lo que comenzó como un espacio de organización o conversación puede transformarse en un lugar donde se comparten insultos, burlas o imágenes que afectan gravemente a la dignidad de una persona.
Cuando una persona recibe mensajes constantes de burla, humillación o desprecio durante un periodo prolongado de tiempo, puede llegar a hablarse de situaciones de acoso o hostigamiento. La valoración penal depende de:
En entornos laborales o escolares, estos episodios pueden tener especial gravedad y cruzar la línea de un simple conflicto privado.
Una cuestión muy repetida es si quien “solo reenvía” un vídeo, foto o mensaje puede tener problemas. En algunos casos, el hecho de difundir o amplificar un contenido ofensivo, íntimo o delictivo puede ser relevante, sobre todo cuando se participa activamente en su propagación.
La responsabilidad concreta dependerá del tipo penal examinado y del papel de cada participante, pero conviene no trivializar la idea de que “yo solo pasé el mensaje”. En determinadas circunstancias, esa conducta puede tener consecuencias jurídicas.
Cuando se produce un conflicto relacionado con delitos cometidos a través del móvil o redes, la forma de actuar en los primeros momentos puede ser decisiva. Perder mensajes, borrar conversaciones o entregar al juzgado copias incompletas puede complicar la defensa o la acusación.
Algunas recomendaciones básicas para conservar la posible prueba digital serían:
En ciertos procedimientos puede solicitarse a la propia plataforma (por vía judicial) información sobre registros, direcciones IP o datos técnicos que ayuden a identificar a la persona que estaba detrás del perfil o del número de teléfono.
Si cree que es víctima de un delito por WhatsApp, móvil o redes sociales, puede acudir a comisaría, cuartel o directamente al juzgado de guardia para denunciar los hechos. Es útil explicar con claridad:
En muchos casos, antes de dar el paso de denunciar, resulta recomendable consultar con un abogado penalista Bilbao para valorar la viabilidad penal del caso, orientar sobre las pruebas a recoger y anticipar posibles líneas de defensa si existe un conflicto previo con la otra parte.
También es posible que la persona que recibe la citación o la llamada policial sea quien ha enviado los mensajes o ha realizado las publicaciones. En ese escenario, conviene mantener la calma y buscar asesoramiento desde el primer momento.
La primera declaración, ya sea en comisaría o ante el juzgado, puede marcar la línea de todo el procedimiento. Un abogado penalista podrá valorar si conviene declarar de forma amplia, limitarse a determinados aspectos o acogerse al derecho a no declarar mientras se estudia mejor la causa.
Las consecuencias de un delito vinculado al uso del móvil no se limitan a la condena concreta (pena de multa, trabajos en beneficio de la comunidad, prisión en determinados supuestos, órdenes de alejamiento, etc.). También pueden aparecer:
La proporcionalidad de la pena y la valoración de las circunstancias personales (ausencia de antecedentes, arrepentimiento, reparación del daño, etc.) pueden influir en el resultado final. Una buena estrategia de defensa no se limita a negar los hechos, sino a analizar todas las opciones que permite la ley para reducir el impacto.
Los delitos cometidos con el móvil, WhatsApp o redes sociales tienen particularidades técnicas y probatorias que los diferencian de otros procedimientos penales. La forma de recoger pruebas, la relación con las plataformas digitales, la autenticidad de los mensajes y el contexto de las conversaciones exigen un enfoque cuidadoso.
Si se encuentra en medio de un conflicto o procedimiento penal por delitos con móvil, redes sociales o grupos de WhatsApp, puede contactar con nuestro equipo de Abogados Penalistas en Bilbao. Ofrecemos asistencia desde la fase inicial de la investigación hasta el juicio y los posibles recursos, con el objetivo de proteger sus derechos y diseñar la estrategia más adecuada en función de las circunstancias concretas de su caso.